Sintesis:

Es un documento en el que se expone la Ley General de Víctimas, que obliga a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Se mencionan las medidas de restitución, rehabilitación, comprensión, satisfacción y garantías de no repetición.